Bárcenas, Correa y el PP, condenados por la primera época de la Gürtel

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado este jueves a un total de 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio de la primera época del ‘caso Gürtel’, causa en la que se han juzgado las prácticas corruptas de la trama liderada por Francisco Correa entre 1999 y 2005, en los que pagó comisiones a cambio de adjudicaciones con las administraciones controladas con el PP, como la Comunidad de Madrid, Castilla-León y la localidad malagueña de Estepona. El extesorero del PP Luis Bárcenas lo ha sido a 33 años y 4 meses de cárcel y multa de 44 millones de euros, mientras que Correa, a 51 años y 11 meses de cárcel, la condena más alta de las impuestas.

 

 

 

El PP ha sido considerado en la sentencia como partícipe de la trama a título lucrativo, porque se benefició de los delitos, aunque ignoraba que se cometían, situación en la que también se encuentra la exministra de Sanidad Ana Mato y Gema Matamoros, esposa del exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda. Justo en este punto es donde el ponente de la resolución, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular discrepante por no compartir la condena del partido de Mariano Rajoy.

La sentencia, que ha absuelto a ocho de los acusados, entre ellos a Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’, también ha condenado a la mano derecha de Correa, Pablo Crespo, a 37 años y medio de prisión y a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, a 15 años y un mes. El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega deberá cumplir 38 años y 3 meses de prisión y el de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda, 14 años y 4 meses. El ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, lo ha sido a 31 años y 9 meses de prisión, mientras que la exmujer de Correa Carmen Rodríguez Quijano, a 14 años y 8 meses. El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, cumplirá 17 años y 7 meses.

 

 

Acreditada la caja b
Aunque la sentencia por el ‘caso Fitur’, juzgado en Valencia, ya es firme, la conocida este jueves es la relativa a la principal pieza de las instruidas en relación con el mayor caso de corrupción que ha afectado al Partido Popular, no solo por el pago de comisiones a algunos de algunos de sus dirigentes, sino también, porque la sentencia declara probado que algunos de los pagos sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la caja B del partido.

 

 

En este sentido, la sentencia explica que se trata de “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento”, ya que si el PP se financió o no a través de ella será juzgado en la causa por los papeles del extesorero.

El abanico de la corrupción

El tribunal, que ha citado a todos los acusados entre este viernes y el lunes para recibirla en persona, considera que la trama cometió todo el abanico delitos relacionados con la corrupción: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales o intento de estafa procesal.

 

 

La sentencia declara probado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de lo que sería la normal actividad de un partido político. Pero también se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas”.

 

 

Por ello las empresas de Correa o empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.

 

 

Comisiones cobradas
Sin contar Valencia y otras piezas que quedan por juzgar de la trama corrupta, Correa cobró 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008, lo que generó un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones”. Además, ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

 

 

El tribunal considera a Barcenas pieza fundamental del “auténtico sistema de defraudación del erario público” creado, ya que desde dentro del partido podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y de la que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

 

 

Como confesó Correa en el juicio, él se encargaba de los contactos con los empresarios y con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias “para que las adjudicaciones recayeran en el que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes”. Y el extesorero nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos provenientes de las comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.

 

 

Según los jueces, no solo su fortuna no tenía un origen lícito, sino que también se benefició de la caja b del PP, por eso se le conena, entre otros delitos, por apropiación indebida, aunque el partido renunciara a cualquier reclamación. Según el tribunal, desde el año 2000, Bárcenas, en colaboración con su esposa, desarrolló una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y se apropió de fondos del PP a través de un entramado en Suiza, que luego afloró mediante operaciones comerciales simuladas, como la compra venta de cuadros, y pagos en efectivo para ocultárselos a Hacienda. (Fuente: El Periódico)

Safor Press

Periódico Digital plural, libre y defensor de los derechos humanos y fundamentales. Director: Ricardo Sánchez

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