CATALUÑA: UN AÑO TRAS LA DUI por José Ferrandis Peiró

Mañana se cumple un año de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Muchas cosas pasaron durante los días y semanas anteriores a este hecho, y muchas otras más han ocurrido estos doce meses posteriores. El presente artículo trata de aclarar algunos aspectos y de analizar la compleja situación en que se encuentran Cataluña y España. ¿Estamos mejor o peor que hace un año? Depende de cómo se mire, obviamente.

En primer lugar, resulta evidente que los líderes independentistas cometieron varios delitos durante las semanas anteriores y posteriores al referéndum ilegal del 1-O. El mismo hecho de convocarlo y llevarlo efectivamente a cabo ya incurre en desobediencia –grave, además, por cuanto dicho referéndum fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional– y en prevaricación –por ser una resolución contraria a la ley vigente–, delito que se acompañó, además, de las leyes de septiembre y de la propia DUI del 27 de octubre.

 

Un tercer delito deberá ser probado en el futuro juicio. Es el que, en mi modesta opinión, ofrece mayores dudas. Se trata del de la malversación de fondos públicos. Y digo que ofrece dudas porque las cuentas de la Generalitat fueron bloqueadas por el Gobierno de España en aras de asegurar precisamente que no se desviara un solo euro público para la celebración de dicho referéndum. Además, el propio ministro (por aquel entonces) Montoro aseguró que no había existido malversación, provocando el enorme cabreo del juez Llarena. Así las cosas, la única manera de que hubiera malversación sería a través del desvío de otras partidas, aspecto este que, como he dicho antes, deberá ser demostrado en el juicio.

 

Menos dudas –por no decir ninguna– debemos tener respecto a los delitos cuarto y quinto, es decir, rebelión y sedición. Y esto es así porque el vigente Código Penal español dice claramente que para que existan semejantes delitos debe haberse producido un alzamiento violento y público. Por poner un ejemplo claro y definitivo, el último alzamiento violento y público que ha habido en España se produjo el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados pegando tiros y secuestrando a los allí reunidos y el ejército sacó los tanques a las calles de las principales capitales españolas. Resulta más que evidente, pues, que no se puede acusar a los líderes independentistas de rebelión y sedición.

 

La única violencia que ha habido en este proceso se dio el 1-O, cuando alguien envió a la guardia civil y a la policía a pegar a los ciudadanos catalanes que querían ejercer el voto en el referéndum ilegal. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, y los medios internacionales llegaron a comparar a España con Venezuela y Turquía. Además, los independentistas no movieron un solo dedo para realizar las acciones lógicas y típicas en semejantes casos: tomar aeropuertos y estaciones de tren y autobuses, cerrar las fronteras y cortar carreteras y quitar la bandera (en este caso la española) de las principales instituciones (Parlament, Palau de la Generalitat, ayuntamiento de la capital, Barcelona, etc). Por tanto, no parece lógico pensar en que hubiera rebelión y sedición, tratándose de una DUI más simbólica que otra cosa.

 

Tras el 27-O, los líderes independentistas debieron decidir entre prisión o exilio. Puigdemont, que no era partidario de la DUI –la cual llegó a posponer hasta en dos ocasiones entre los días 10 y 27–, y que acabó sometiendo la cuestión a votación en el Parlament tras las presiones de ERC y las CUP, que llegaron a llamarlo traidor, decidió el exilio. Eludió la prisión, internacionalizó el conflicto y puso en evidencia en repetidas ocasiones al juez Llarena, que todavía no ha conseguido su extradición por rebelión y sedición. Curiosamente, en la actualidad, es el máximo defensor de la independencia catalana, aunque ciertamente parece más preocupado por su propia causa y por mantener su poder desde Bruselas que en conseguir dicho propósito.

 

El juez Llarena merece mención aparte. Porque también se ha saltado algunas leyes, por lo que también podría haber incurrido en prevaricación. Mantiene en prisión preventiva durante un año a los líderes independentistas porque, según su auto, en su ideología permanece su deseo de independencia, afirmación que puede llevar a pensar a mucha gente que se trata más de presos políticos que de políticos presos. Aspecto que se convierte en algo mucho más profundo respecto a los Jordis, que ni siquiera tenían cargo político alguno y fueron, sin embargo, los primeros en ser encarcelados. Mantiene también la imputación de rebelión y sedición, lo que le ha valido ya cuatro serios varapalos a cargo de las justicias belga, alemana, suiza y escocesa, que han denegado todas sus peticiones de extradición al no observar la violencia que estos delitos exigen para su imputación –algo compartido por Amnistía Internacional, Juezas y Jueces para la Democracia y los más de cien juristas y magistrados de todo el mundo que firmaron el ya famoso manifiesto hace un año–.

 

Y, además, Llarena ha incumplido las recomendaciones –no vinculantes, de acuerdo, pero sí dignas de tener en cuenta viniendo de donde vienen– de la ONU en referencia a mantener intactos los derechos políticos de los imputados mientras no haya una sentencia firme contra ellos. Así, no ha dejado que los líderes independentistas puedan salir –ida y vuelta a la prisión– para participar de las votaciones en el Parlament tras las elecciones del 22-D –incurriendo de nuevo en una gran injusticia al no dejar participar a Jordi Sánchez, que no pudo ser investido president pese a ser el candidato elegido por las fuerzas independentistas para ejercer dicho cargo–. Así pues, no parece descabellado que diferentes medios y personas hablen de él no como juez del estado sino como justiciero del reino.

 

Y, ojo, que a servidor no le parece mal imponer a los imputados un serio correctivo para que algo así no vuelva a suceder nunca más. Pero siempre con la ley en la mano. Porque si no, también podemos incurrir en los mismos delitos que ellos. O incluso peores. Y creo que la democracia no se trata de eso. Los líderes independentistas deben cumplir por los actos realizados, pero no por los que no han realizado. Porque no es lo mismo condenarlos a 6-7 años de cárcel que ensañarse con ellos y condenarlos a 30. Y conviene recordar que el golpista Tejero, por algo mucho más grave, solo estuvo en prisión 15 años…

 

No quiero terminar este artículo sin hacer referencia a otros temas que, aunque de menor importancia, considero necesario citar al menos. El más claro síntoma de que los líderes independentistas no han cometido rebelión ni sedición es la propuesta de Cs y PP de reformar el Código Penal para que algo así nunca pueda volver a suceder. El simple hecho de proponer esta reforma asume, implícitamente, que no se han dado semejantes delitos. En caso contrario, no haría falta ninguna reforma. Pero la cuestión no queda ahí. Además, estos partidos, especialistas en fomentar el discurso del odio tanto o más que aquellos a quienes se enfrentan tan radicalmente y en apropiarse de una bandera que es –o debería ser– de todos los españoles, han pedido ilegalizar los partidos independentistas. Una demanda que encierra dos aberraciones: la primera, política (y antidemocrática y anticonstitucional); la segunda, ética (porque el PP es el único partido europeo que ha sido condenado a título lucrativo por corrupción, reconociéndose que es una trama criminal para sacar beneficio económico). ¿Qué partido debería ser, pues, ilegalizado?

 

Y termino con el aspecto principal y más importante de todo este tema. El pasado 1-O, en el referéndum ilegal, votaron por la independencia 2,2 millones de catalanes. En las elecciones del 22-D volvieron a votar a los partidos independentistas 2,2 millones de catalanes (prácticamente la mitad de los que acudieron a votar, con récord de participación, por cierto). Y, mucho más significativo todavía, entre el 75 y el 80 por ciento de los catalanes defiende el derecho a decidir. Es decir, la mitad de los no independentistas también quieren un referéndum legal y pactado para decidir sobre el tema. Porque, contrariamente a lo que se pueda decir, el pueblo catalán es muy serio y responsable. Y sabe que la manera más fácil, decisiva y pacífica de salir de este atolladero es reformar la Constitución para hacer viable dicho referéndum. E, independientemente de si la DUI fue efectiva o simbólica o de cómo quede el tema jurídico de los Jordis y el resto de imputados, incluido Puigdemont, esa es la vía que a todos nos conviene explorar: la pacífica y decisoria.

 

José Ferrandis Peiró- Escritor

 

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Safor Press

Periódico Digital plural, libre y defensor de los derechos humanos y fundamentales. Director: Ricardo Sánchez

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