El juicio del 1-O comenzará el 12 de febrero y Rajoy, Santamaría y Montoro declararán como testigos

El Tribunal Supremo ha confirmado que el juicio por el 1-O dará comienzo el próximo martes 12 de febrero. El tribunal también ha notificado este viernes el auto de admisión de prueba para el juicio, en el que acepta que comparezcan como testigos el ex presidente del GobiernoMariano Rajoy, la ex vicepresidentaSoraya Sáenz de Santamaría y el ex ministro de HaciendaCristóbal Montoro.

 

 

De acuerdo con las peticiones presentadas por las partes, también serán citados el ex presidente de la Generalitat Artur Mas; el lehendakariIñigo Urkullu; el actual presidente del Parlament, Roger Torrent; diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y el ex delegado de Gobierno en Cataluña Enric Millo.Por contra, los magistrados rechazan la testifical del Rey Felipe VI porque lo prohíbe expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio alternativo que proponían las defensas, el del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, ya que no existe la figura de «testigo por sustitución».

 

Igualmente se rechaza que declaren por videoconferencia el ex presidentCarles Puigdemont y otros huidos del 1-O. Su situación de procesados es «manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo». Sí comparecerá, en cambio, el ex mayor de los Mossos d’EsquadraJosep Lluís Trapero, también acusado, si bien en la Audiencia Nacional. Según ha informado el Alto Tribunal, la lista de denegaciones se extiende a la testifical del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reclamada por las defensas en el juicio. Cosidó fue quien difundió un mensaje de whatsapp que respaldaba la elección del magistrado que va a presidir el juicio del 1-O, Manuel Marchena, como próximo presidente del Supremo y el CGPJ. La resolución señala que las dudas vertidas sobre su imparcialidad ya se alegaron sin éxito a través de un incidente de recusación. Tampoco se acepta la petición de Vox -que ejerce la acusación popular- de que declare Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que su testimonio se referiría a hechos anteriores a los enjuiciados.

 

Tampoco se acepta la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que «la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».El Supremo rechaza la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston.

 

Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores -algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar sobre los hechos objeto de acusación». «En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos». El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados. Las defensas habían solicitado una decena. «El mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados», afirma el auto, del que ha sido ponente el magistrado Marchena.

 

Sin observadores internacionalesEl Alto Tribunal deniega la autorización para que observadores internacionales estén presentes en la Sala: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario».

 

Y añade, con ironía, que con esa decisión «se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes». Los magistrados dan el visto bueno a la reclamación de los acusados de poder expresarse en catalán. «Se declara pertinente la presencia de dos traductores del idioma catalán». Lo que no se acepta es la entrega a las partes de la transcripción de todas las declaraciones de la fase de investigación. La Sala responde que ya cuentan con las grabaciones y que reclamar que se transcriba contradice los alegatos en favor del uso de nuevas tecnologías que las propias defensas hacen en sus escritos.(Fuente: El Mundo)

Safor Press

Periódico Digital plural, libre y defensor de los derechos humanos y fundamentales. Director: Ricardo Sánchez

También te puede interesar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies