Egipto aplaza la sentencia contra el fotoperiodista Shawkan y condena a muerte a otros 75 acusados en la misma causa

Egipto impone el reino del terror entre los periodistas

Shawkan, ‘terrorista’ por echar unas fotos

El martirio del fotoperiodista egipcio Mahmud Abu Zeid -conocido entre los suyos como «Shawkan»- continúa a punto de cumplir cinco años en prisión preventiva. El Tribunal Penal de El Cairo ha aplazado este sábado por segunda vez su veredicto en un macrojuicio que incluye a 739 acusados por su supuesta participación en la acampada islamista que sucedió al golpe de Estado. 75 han recibido una pena capital preliminar que deberá ser ratificada el próximo 8 de septiembre.El juez ha remitido el caso de los 75 condenados a muerte al mufti de Egipto, Shauqi Allam, la máxima autoridad religiosa del país que debe ahora despachar una valoración no vinculante.

«Lo habitual es que el mufti emita un informe favorable a la ejecución», señala  Mohamed Lotfi, director de la Comisión Egipcia para los derechos y la libertad, una de las organizaciones que documenta las graves violaciones registradas en la tierra de los faraones.Entre los condenados al cadalso, figura la plana mayor de los Hermanos Musulmanes. Desde el derrocado presidente de Egipto Mohamed Mursi hasta los predicadores Safuat Hegazi o Abdelrahman al Barr, los ex ministros de Juventud y Comercio Interior Osama Yasin y Basem Ouda o los destacados dirigentes de la cofradía Esam el Erian, Mohamed Beltagui, Esam Sultan, Esam Maged o Wagdi Ghoneim.El proceso está vinculado con el brutal desalojo de la acampada islamista de Rabea al Adauiya por parte de las fuerzas de seguridad egipcias el 14 de agosto de 2013.

Entre 700 y mil personas perdieron la vida en uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del país. Un suceso que sigue completamente impune. «En lugar de buscar justicia para las víctimas de la masacre de Rabea, las autoridades egipcias las han vuelto a victimizar con un macrojuicio injusto en el que se les negó el derecho a una defensa adecuada», denuncia Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y África del Norte de Human Rights Watch. «Exonerar a los oficiales responsables de disolver violenta y mortalmente a civiles mientras se procesa a los manifestantes, periodistas y niños muestra cuán bajo ha caído la justicia durante la presidencia de Al Sisi», agrega una organización que acusa al régimen de perpetrar crímenes contra la humanidad. Las 739 personas que comparten caso, alrededor de la mitad en rebeldía, están acusadas de participar en protestas no autorizadas y de delitos que abarcan desde asesinato hasta «incitación a infringir la ley», «pertenencia a un grupo ilegal», «concentración ilegal» y participación en actos violentos.Lastrada por sucesivos aplazamientos, la sentencia definitiva debería darse a conocer el próximo 8 de septiembre.

El veredicto podrá ser recurrido entonces ante el Tribunal de Apelaciones. Shawkan, el fotoperiodista de 30 años convertido en icono de la represión a la libertad de expresión en el país más poblado del mundo árabe, permanece desde agosto de 2013 confinado en el complejo penitenciario de Tora, al sur de El Cairo. Está acusado de 24 delitos, entre ellos, posesión de armas, reunión ilegal, asesinato y tentativa de homicidio. Este sábado, el joven ha esbozado con los dedos el signo de la victoria desde la jaula en la que ha comparecido en la vista.»Está siendo un largo proceso judicial. Las sesiones se han convertido en sermones de los abogados y de supuestos testigos. Ha sido un desastre», declara  su hermano Mohamed. «Shawkan perdió la esperanza. Ha sido consciente de que todo este asunto ha traspasado cualquier límite. Al visitarle, siempre le he intentado decir que todo iría bien y mimarle pero él sabe lo que sucede. Después de tanto tiempo no tenemos nada nuevo que ofrecerle», se queja. Galardonado la pasada primavera con el premio de libertad de prensa Guillermo Cano que otorga la Unesco, es el rostro de un campaña que no cesa. En el último lustro, la represión ha enviado a decenas de miles de opositores a la prisión; se ha cobrado varios miles de muertos y ha ahogado cualquier atisbo de libertad y disidencia. Su martirio ha superado con creces el máximo de dos años de prisión preventiva que fija la legislación local.Durante su cautiverio, ha sido diagnosticado de hepatitis C y sufre, además, anemia y depresión.

«Hemos intentado que lo incluyeran en la amnistía del presidente por su estado de salud pero ha sido imposible. El informe médico de la administración de la cárcel siempre apunta que Mahmud está bien y no sufre enfermedades de gravedad. Hemos estado cinco años girando en círculo sin ver ninguna salida», rememora Mohamed.Para Amnistía Internacional, el macroproceso es «una grotesca parodia de justicia» que vulnera la Constitución egipcia con sesiones en las que los fiscales ni siquiera presentaron pruebas de la responsabilidad individual de cada uno de los 739 acusados, «lo que hace que el juicio sea flagrantemente injusto». La organización ha instado sin éxito al régimen a que libere a los acusados por participar en protestas pacíficas y retire los cargos contra ellos. HostigamientoEn el último año, El Cairo ha intensificado su campaña de hostigamiento al periodismo independiente. Decenas de reporteros locales han sido arrestados junto a políticos, investigadores e intelectuales. Al unísono, las autoridades han bloqueado el acceso a más de medio millar de páginas web y deportado a al menos un corresponsal extranjero. El control sobre los medios privados también se ha estrechado. Según Reporteros Sin Fronteras, los servicios de inteligencia han adquirido una retahíla de periódicos y canales de televisión privados.A mediados de este mes el Parlamento egipcio aprobó un paquete de tres leyes que con la excusa de combatir las noticias falsas recrudece la censura a los medios tradicionales y extiende sus tentáculos hasta las redes sociales y las bitácoras, uno de los últimos refugios de la oposición y el periodismo independiente.

La legislación convierte las cuentas en las redes sociales con más de 5.000 seguidores en medios de comunicación abriendo la puerta a perseguir a los usuarios de Facebook y Twitter por los cargos de difamar la religión o incitar al odio. «Esperábamos que la represión disminuyera tras las elecciones presidenciales del pasado marzo pero no ha sido así. Estamos tratando con un régimen que usa todas las herramientas a su alcance para liquidar y silenciar a la disidencia», admite Lotfi. Su esposa Amal Fathi lleva dos meses y medio en prisión preventiva por «instigar al derrocamiento del régimen, publicar mentiras y hacer mal uso de las redes sociales». «Tenemos miedo pero no podemos dejar que nos paralice», concluye. (Fuente: El Mundo)